El Gobierno nacional le pidió a los jueces de la Corte Suprema que se excusen de seguir interviniendo en la acción de amparo de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal, expediente en el que a fines de 2022 dictaron una medida cautelar en sintonía con el reclamo del gobierno porteño.
La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, invocó como razón para pedir el apartamiento de los jueces, la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
El Poder Ejecutivo Nacional ya había recusado a Rosatti en agosto del año pasado por la supuesta relación de Robles y D’Alessandro, y a fines de 2022 pidió el apartamiento de todos los jueces porque al resolver la cautelar pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, anticipando su opinión definitiva sobre el pleito.
«Si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional», sostiene el escrito firmado por Zannini, de más de 30 páginas.
El documento reconoce que «el ejercicio de la facultad de excusación por los magistrados de la Corte, exista o no causa legal de recusación, es privativa de los señores jueces y ajena a la actividad procesal de las partes». Sin embargo, hizo referencia a la «aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representación estatal», con D´Alessandro.
La presentación del organismo encabezado por Zannini deja en claro que «escapa a esta representación estatal cualquier apreciación acerca del origen de esos chats, sobre quién y en qué circunstancias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal».
De todos modos, resaltó que «lo que sí cabe señalar aquí es que esas comunicaciones que involucran de manera directa a los señores D ´Alessandro y Robles tomaron estado público; dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal».
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