Es por una auditoría que dispuso el Ministerio de Justicia tras detectar irregularidades en la tramitación y el pago del resarcimiento.
El Ministerio de Justicia realizará una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado tras detectar irregularidades. La cartera judicial agregó que detendrá los pagos hasta tanto se esclarezca la situación.
A través de un comunicado, la cartera que conduce el ministro Mariano Cúneo Libarona explicó que dispuso esta medida «tras detectar distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago» de las compensaciones.
«La Auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal», indicó el Ministerio.
«En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional», detalló.
En paralelo, siguen su curso otras causas penales por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido.
«El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan», advirtió Justicia. Y concluyó: «Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado».
Victoria Villarruel celebró la decisión del Ministerio de Justicia
A través de su cuenta de X, la vicepresidenta respaldó la decisión de la cartera judicial: «Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones». «Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente Javier Milei», añadió.
Debajo, citó un posteo de marzo del año pasado en el que reclamaba una «revisión valiente por parte del Estado» de las indemnizaciones otorgadas en los últimos años.
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